El Centro Español de Metrología (CEM) presentará a Europa un proyecto de investigación para establecer los estándares técnicos y de funcionamiento mínimos de los puntos de carga para coches eléctricos. Esta línea de trabajo, que ya ha comenzado a realizarse en enero, tiene como objetivo que el documento final sirva como base para la tramitación de una nueva normativa comunitaria, según han informado a La Tribuna de Automoción fuentes del sector.

Dicho estudio será incluido en la convocatoria internacional Empir 2020 (European Metrology Programme for Innovation and Research), un marco de desarrollo científico facilitado por Euramet (el instituto metrológico de la UE) y financiado a través de fondos de la Unión.

La financiación que el CEM recibiría, en caso de que el proyecto sea adjudicado —se resolverá en noviembre aunque se da prácticamente por hecho— estaría entre los 300.000 y 400.000 euros, los cuales habrían de ser repartidos entre los diferentes entes colaboradores (pues, pese a que España lidera la iniciativa, ha solicitado la colaboración de las agencias homólogas francesa, alemana, belga y holandesa, entre otras). Sin embargo, fuentes del sector han confirmado a este medio que la ayuda no es relevante, sino destacan el hecho de que el Empir abrirá el camino para legislar sobre los requisitos técnicos y de seguridad que han de tener las electrolineras.

De acuerdo con las mismas fuentes, la mayoría de fabricantes de cargadores estaría a favor de esta investigación, pues afirman que «si no hay una regulación europea, se elevan los costes de producción». Precisamente por ello, la meta del CEM es que el texto normativo resultante no suponga una barrera técnica y comercial para la implantación de infraestructura de carga, sino que su homogeneidad permita el desarrollo tecnológico.

El contenido del Empir español se fundamentará en exponer los cuatro pasos necesarios a la hora de que se revisen las instalaciones respecto a la definición de sus estándares. En primer lugar, el CEM estima que han de fijarse los mismos requisitos para cualquier prototipo que se diseñe, y que el modelo sea producido en toda la UE bajo las mismas normas y sea equivalente entre países. Segundo, se han de acordar los errores máximos permitidos tanto en su fabricación como en su posterior uso, y también su durabilidad. Una vez los dispositivos ya estén en funcionamiento, la tercera fase pasaría por determinar la periodicidad de las verificaciones que han de hacerse para comprobar que sus medidas son siempre correctas. Finalmente, como cuarto paso, establecer los casos concretos en los que habría que reparar o modificar el cargador.

Fuente: www.latribunadeautomocion.es

05/02/2020