- Aunque el titular está en condicional, esto es todo una suposición basada en las declaraciones de Pere Navarro, director General de Tráfico.
- Desde ayudas y facilidades en favor de aquellos que apuestan por la movilidad compartida hasta cambios en las velocidades de algunas vías.
Francia siempre ha sido un referente para la DGT en España (de ellos sacamos el Permiso por Puntos, si ir más lejos). Por eso, no es nada descabellado pensar que estas cinco medidas de movilidad que se estudian en el país galo podrían ser pronto una realidad en España.
Lo ha dicho el director general de Tráfico, Pere Navarro: "somos uno de los pocos países que no tiene una Ley de Movilidad". Para crear una, la DGT sigue atentamente lo que sucede en Francia donde estos días se estudia un proyecto de ley que regule las nuevas formas de movilidad. El mismo día que ha asegurado que la DGT no tiene intención de cambiar las etiquetas medioambientales.
El proyecto de Ley de Movilidad que se plantea en Francia aborda soluciones en cinco ámbitos distintos: aportar soluciones de movilidad a todos y en todos los territorios, acelerar el crecimiento de las nuevas soluciones de movilidad, lograr la transición ecológica de la movilidad, invertir en el servicio de transporte cotidiano y garantizar el buen funcionamiento de los transportes.
Lo hemos leído con detenimiento para destacar las cinco medidas que nos han parecido más llamativas y que, si España decide imitar lo que se apruebe en Francia, pronto podrían ser una realidad para nosotros.
Para Francia el cuidado medioambiental desde el tráfico rodado tiene como pilar fundamental el uso extendido de las soluciones de movilidad compartida. En esto está muy de acuerdo nuestro director general de Tráfico, Pere Navarro, para quien "un vehículo para una persona no es eficiente".
Navarro aboga por la movilidad compartida porque "es la nueva cultura de los jóvenes que en su ADN llevan incorporado el concepto de compartir". "No les interesa la propiedad, sino su uso", asegura el director de Tráfico.
El proyecto de ley francés contempla varias medidas dirigidas a fomentar el uso y la oferta de sistemas de movilidad compartida (léase carsharing, motosharing, patinetes y bicis de alquiler...):
- Ayudas a nivel local para quienes utilicen los vehículos compartidos, tanto conductores como pasajeros
- Creación de vías reservadas para el uso compartido en los grandes ejes viarios alrededor de las ciudades
Otra medida para impulsar el uso compartido de los coches establece que todos los empleados, tanto públicos como privados, que acudan a su puesto de trabajo en un vehículo de alquiler compartido o en bicicleta recibirán una ayuda de hasta 400 euros al año. Ahora bien, no será un ingreso como tal, sino que se irá restando de impuestos o cotizaciones sociales.
La Ley de Movilidad establece que el gobierno aportará 200 euros anuales, mientras que los 200 euros restantes hasta llegar al tope de 400 euros correrán por cuenta de la empresa.
A mediados del verano pasado Francia anunció que reducía la velocidad en carreteras secundarias de 90 a 80 km/h. El argumento era un intento por reducir la siniestralidad en este tipo de vías (como ha hecho la DGT en las carreteras convencionales que ahora están limitadas a 90 km/h y antes a 100 km/h).
La Ley de Movilidad francesa da marcha atrás a esta medida y abre la posibilidad de que las autoridades responsables de las vías puedan volver a sumar 10 km/h en algunas vías. Eso sí, la subida deberá contar con la aprobación de la Comisión Departamental de Seguridad Vial sobre la base de un estudio de accidentalidad de los tramos propuestos.
El galo quiere ser el primer país que prohíba la venta de vehículos de combustión a partir de 2040; como paso previo, quiere adoptar el compromiso de reducir las emisiones contaminantes derivadas del tráfico rodado en un 37,5% en 2030.
En España este tema se ha debatido en varias ocasiones. En septiembre, sin ir más lejos, el PSOE confirmó que mantendría la prohibición para 2040 pero unas horas después rectificó. Lo hizo en el programa de medidas redactado por el partido socialista para negociar la investidura (fallida) de Pedro Sánchez con Unidas Podemos. Lo que en un primer momento era, textualmente: "prohibiremos a partir de 2040 la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos, siempre que se destinen a usos no comerciales"; se conviritó en "promoveremos una estrategia de descarbonización a 2050, adoptaremos las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 g/CO2/km".
Francia, igual que España, debería tener en cuenta que Bruselas se pronunció hace unos días a este respecto y dijo que no es legal prohibir la matriculación de los vehículos diésel y gasolina.
En Francia el gasto medio para conseguir el permiso de conducir es de 1.800 euros (mira aquí lo que cuesta en España) y el gobierno cree que es demasiado caro. Por eso, en su Proyecto de Ley de Movilidad que estudia el gobierno francés pretende abaratar hasta un 30% el precio del carnet de conducir; también quiere reducir los tiempos. Lo hará con medidas como estas:
Esta es la medida es la que parece más alejada de la mentalidad española. La DGT lleva tiempo trabajando en el nuevo permiso de conducir, pero las novedades van dirigidas a que los alumnos pasen más tiempo en la autoescuela para mejorar su formación.
Fuente: www.businessinsider.es
22/10/2019